La norma 26.855, que establece como principal novedad la elección por el voto popular directo de los miembros de ese cuerpo, fue publicada hoy en el Boletín Oficial. Se espera una catarata de presentaciones judiciales en contra, con un final abierto en la Corte
Crédito foto: Nicolás Stulberg
La presidente Cristina Kirchner promulgó recién hoy la ley -que forma parte de un paquete que junto con otras cinco normas avanzan sobre la Justicia- tras pasar los 10 días de plazo legal desde su sanción en el Congreso.
Dirigentes de la oposición y organizaciones de abogados y jueces consideraron que el Poder Ejecutivo decidió que este plazo corriera y demoró la publicación en el Boletín Oficial para acortar al máximo los tiempos judiciales para resolver los futuros planteos en contra y, a la vez, complicar la estrategia opositora para presentar candidatos a consejeros, teniendo en cuenta que el 22 de junio cierra la inscripción de listas.
Es que, además, un artículo de esta ley de reforma del organismo que selecciona y designa jueces establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias.
Entienden que este piso de 18 distritos tiene un "perfil proscriptivo" y supone una dificultad para la oposición en su armado electoral con vistas a los comicios legislativos del 27 de octubre próximo, aunque ya cavilan estrategias para sortearla, como la presentación de una lista consensuada y federal de candidatos a consejeros.
La ruta de la judicialización de la reforma del Consejo de la Magistratura comenzará con planteos en juzgados de primera instancia, que pueden ser del fuero en lo Contencioso Administrativo y el Electoral, tras lo cual llegarán a la Corte Suprema de Justicia.
Los voceros del oficialismo confían en que el máximo tribunal se expedirá a favor de la flamante norma, ya que ya logró que el proyecto de ley que mandó la Casa Rosada fuera modificado en el punto que establecía que el manejo del presupuesto del Poder Judicial dejaría de estar en manos de la Corte para pasar a estar a cargo del Consejo.
Como la administración de esos fondos finalmente no se modificó con esta ley y permanecerá a cargo de los altos magistrados, en el oficialismo mantienen sus esperanzas de que la reforma reciba una sentencia favorable y de esa manera descartan lo que hace un par de semanas advertían como un revés judicial cantado.
En la oposición, el presidente de la UCR, Mario Barletta, señaló a la agencia NA que espera que las modificaciones al Consejo de la Magistratura no pasen la prueba de constitucionalidad y que la Corte "no va a ser cómplice" del Poder Ejecutivo, convalidando esta norma.
El santafesino sostuvo que, como la ley será cuestionada en los tribunales, en la UCR aún no se anticipan a proponer ningún candidato a consejero, no obstante lo cual en el radicalismo ya se habla de posibles postulantes, tales como el ex fiscal Julio César Strassera.
En el peronismo disidente, el senador sanluiseño Adolfo Rodríguez Saá ya anticipó que buscará un sillón en el Consejo de la Magistratura y el diputado de la Coalición CívicaAlfonso Prat Gay propone una lista de unidad de candidatos a consejeros consensuada por toda la oposición.
Con esta ley, el Consejo de la Magistratura aumenta su número de integrantes de 13 a 19 y establece que su elección será a través del sufragio universal.
Por otro lado, el artículo 31 definió que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la norma -es decir desde hoy- "quedarán sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a su cumplimiento y que importen un detrimento de la administración del Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura de la Nación".
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