Tras haber frenado un aumento de tarifas, el gobierno presentó un nuevo proyecto para la reglamentación de los servicios de telefonía celular y convocó a usuarios, empresas, gremios y asociaciones de consumidores a que manifiesten sus opiniones sobre la propuesta a través de una consulta no vinculante.
La convocatoria – oficializada a través de la Resolución 12/2013 que el Ministerio de Planificación Federal publicó este lunes en el Boletín Oficial – contempla reemplazar el actual "Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles", que rige desde 1997, por una nueva normativa que incluya nuevas obligaciones, reglas y sanciones acordes a la modernización del mercado.
El proyecto elaborado por los funcionarios del gobierno nacional advierte que las tarifas y el precio de los servicios adicionales seguirán siendo "libres y de exclusiva responsabilidad del prestador", pero establece que "la autoridad regulatoria puede, por razones de interés público debidamente justificadas, establecer restricciones o disponer alguna autorización previa". Además, se fija un plazo mínimo de 60 días para que las compañías comuniquen futuros aumentos.
El nuevo reglamento propuesto contempla además sanciones para las interrupciones o fallas que pueda haber en los servicios prestados. De ocurrir estas situaciones, la empresa deberá abonar a los usuarios un importe por cada día de irregularidades. El monto del mismo será determinado por la autoridad de aplicación. Pero si los inconvenientes superaran los cinco días corridos, el importe se duplicará por cada jornada que se demore el arreglo.
El proyecto de reglamento que elaboró la Secretaría de Comunicación conducida por el camporista Norberto Bernerdispone además numerosas condiciones para los contratos que las compañías de telefonía móvil ofrezcan a los usuarios. El texto prevé que ya no se puedan poner cláusulas que limiten el derecho de los clientes a cambiar de prestador ni tampoco condicionar la bonificación de cargos o equipos a que el usuario permanezca con la misma compañía. Si se ofrecen descuentos, no podrán tener condiciones. Sólo la presencia de montos impagos podrá frenar el pasaje de una compañía a otra.
También se propone la información mínima que todos los contratos del país deben informar. Entre ellos, deberán estar los precios y principales características de los servicios contratados; la velocidad de conexión y de datos que se prestará; el método de financiación si es aplicable y también los mecanismos que podrán utilizarse para la rescisión anticipada del acuerdo, según informa el diario Ámbito Financiero.
Asimismo, se obliga a que todas aquellas empresas que presten el servicio de telefonía celular prepaga garanticen quecada carga de crédito tenga una vigencia sin vencimiento de al menos 180 días corridos. Incluso, si el usuario decidiese rescindir el vínculo, la empresa deberá devolverle el crédito que hasta ese momento tenía en un plazo de 30 días corridos.
Para que usuarios, empresas, sindicatos y organizaciones de consumidores puedan opinar de la normativa propuesta, laSecretaría de Comunicaciones abrió un plazo de 30 días hábiles que empezará a correr a partir de este miércoles 11 de septiembre.
Quienes quieran presentar sus puntos de vistas, deberán hacerlo a través del formulario que la Secretaría de Comunicaciones puso a tal fin. En el mismo, se pueden hacer observaciones sobre 15 aspectos del proyecto, entre los que se incluyen los derechos y obligaciones de usuarios y prestadores; los sistemas de reclamos; los precios y modos de facturación; los mecanismos de carga de crédito o el servicio de roaming internacional, entre otros.
Además del formulario, quienes quieran presentar sus observaciones sobre el proyecto podrán concurrir a cualquiera de los cinco foros participativos que se hará por todo el país. "La idea de estos encuentros es generar espacios donde los usuarios podrán informarse, debatir y entregar sus formularios con aportes y opiniones sobre el proyecto", argumentaron.
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