En el inicio del debate por la reforma de la ley petrolera, el arco opositor reiteró sus cuestionamientos cara a cara al vicepresidente. "Pida licencia, por favor", le dijo Gerardo Morales. La nueva Ley de Hidrocarburos se aprobaría esta tarde.
El kirchnerismo confía en aprobar en el recinto del Senado el proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos, con lo que se busca adaptar la legislación a las nuevas formas de producción no convencionales de petróleo y gas natural, así como la exploración y explotación de ese recursos en áreas off shore.
Para ello, el oficialismo pidió una sesión especial con ese único tema. En principio, la iniciativa tendría sólo el acompañamiento del bloque de senadores del Frente Para la Victoria-PJ y sus tradicionales aliados, ya que la oposición votaría en contra, según lo adelantaron los integrantes del FAP-UNEN y el representante del Movimiento Popular Neuquino y jefe del sindicato de petroleros privados de esa provincia, Guillermo Pereyra.
Como en cada ocasión, antes de que comenzara el debate la oposición cuestionó la presencia de Amado Boudou, quien se sentó en el estrado en su rol de presidente de la Cámara alta. El presidente del bloque radical, Gerardo Morales, fue la voz cantante que reiteró a Boudou en el recinto la lectura de las numerosas causas abiertas como el salvataje de la imprenta Ciccone o presuntas irregularidades en la compra de un automóvil. Morales agregó también un expediente en el que interviene el fiscal Guillermo Marijuán en el que Boudou dio como domicilio un departamento en la calle Carlos Calvo de esta ciudad, piso décimo, pese a que “el edificio sólo consta de 9 pisos”.
En el marco del planteo de una cuestión de privilegio, Morales insistió frente a Boudou: “"En la medida en que usted esté presente no podemos dejar de reflexionar sobre la necesidad de que tome alguna decisión” respecto del pedido de licencia que exige el arco opositor". Morales, quien como otros senadores opositores exhibían en sus bancas carteles impresos con la leyenda "Hasta cuándo lic. Boudou? Pida licencia", advirtió dirigiéndose al vicepresidente que “la sociedad argentina va a pensar que no hay límite para nada, que se puede hacer todo”.
Antes, por Unión PRO, Alfredo De Angeli le había manifestado al vicepresidente que “"los entrerrianos siguen sorprendidos (que) con todas las causas que tiene usted sigue presidiendo el Senado”".
Finalmente, pidió la palabra el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto,quien marcó que "sin ánimo de hacer una “defensa corporativa”, Boudou “como ciudadano tiene derecho como cualquier ciudadano a hacer una defensa justa”". Por otra parte, lamentó la presencia de carteles en las bancas de sus colegas opositores porque, recordó, "en esta Cámara siempre hay cuestiones de estilo que hemos cuidado. No ha habido carteles ni banderas, ni gritos” y salvo “en contadas excepciones ha habido alguna situación en la que se haya caído en el agravio”. “Aspiro a que se pueda mantener esto y a que podamos dejar funcionar el sistema judicial, que esta funcionando además, que esta actuando correctamente, sin presiones”", concluyó el senador por Río Negro.
El miércoles pasado, el oficialismo consiguió firmar el dictamen a favor de la iniciativa en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Minería Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, luego de dos jornadas de debate por las que pasaron el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ministro de Planificación, Julio De Vido; la secretaria de Energía, Mariana Matranga, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, entre otros.
En su intervención, Galuccio defendió el proyecto y dijo: "No está pensado exclusivamente para YPF, está pensado para la Argentina porque impacta en la inversión, pone en valor reservorios provinciales, generará renta y puestos de trabajo, y permitirá recuperar producción y reservas hacia el autoabastecimiento".
Mientras, Matranga había apuntado que "los recursos de crudo y gas de yacimientos no convencionales son una piedra fundamental para acelerar el camino hacia el autoabastecimiento" y estimó que en la Argentina existe "un gran potencial para el off shore pero debemos corroborarlo".
La oposición, por su parte, había pedido la presencia de los ex secretarios de Energía, Daniel Montamat y Jorge Lapeña, quienes cuestionaron la iniciativa. Montamat, ex funcionario delarruista, consideró que el proyecto debería contemplar "una mayor competencia entre las empresas al momento de considerarse una prórroga de las concesiones de explotación de los yacimientos" y advirtió que si no se hace un proyecto competitivo todo "queda limitado a la relación de quien está con la concesión con el gobierno de turno".
Lapeña, ex secretario alfonsinista, opinó que "la Argentina está en una crisis estructural en materia energética, con factor principal en los hidrocarburos", y aunque se pronunció a favor de modificar la Ley 17.319, dijo que "con esta ley se puede mejorar la situación de YPF pero no resolver el problema energético del país".
La propuesta contempla permisos para producir hidrocarburos no convencionales por 35 años, que pueden extenderse por períodos adicionales de 10 años, con incrementos de la regalías a las provincias hasta 18 por ciento.
El texto legal plantea que el permisionario de un área no convencional podrá unificar la concesión con una convencional si demuestra que hay continuidad geológica y presenta un plan piloto de trabajos e inversiones para su consideración por parte de la autoridad de aplicación.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Marcelo Fuentes, alertó hoy que "se achican los plazos de concesión para la explotación del recurso para que se hagan las inversiones que correspondan" y dijo que la nueva ley "permitirá la posibilidad del desarrollo hidrocarburífero argentino, estamos en un escenario fundamental de los no convencionales".
"Es necesario decir que es una reforma en esta Ley, ya que hay que ponerla en el contexto que corresponde. Se trata de recuperar una herramienta, donde no sólo el Estado nacional controla el 51% del capital accionario sino que las Provincias son socias y sindicalizan las acciones por 90 años", argumentó el legislador, a través de un comunicado.
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